guerra civil

Apéndice al libro DIARIOS DE LA REINA DEL OCÉANO

   Con el triunfo de la izquierda, llegaron las venganzas. Se asaltaron las cárceles y liberaron a los presos de las huelgas del 34, se quemaron iglesias y conventos. Los felices campesinos, ante la nueva situación, desfilaron por los pueblos ondeando sus pancartas y sus banderas rojas. La legislación agraria quedó restablecida. Los terratenientes abandonaron sus mansiones, como ocurrió en Puebla de Alcocer. El laboreo obligatorio de la tierra en barbecho volvió a imponerse. Los trabajadores fueron alojados en fincas, cuyos propietarios debían correr con los gastos. Los nuevos alcaldes prohibieron las procesiones religiosas.

  La madrugada del 25 de Marzo de 1936, la escalada de la violencia dio un salto significativo: más de 60.000 campesinos sin tierra de Badajoz ocuparon casi 2000 fincas. La FNTT había repartido las fincas entre las familias, con la intención de iniciar un cultivo colectivo. Para evitar problemas, el gobierno legalizó la ocupación. Cuando llegaron las columnas franquistas se cobraron la revancha contra estos campesinos.

  Hubo sucesos que demuestran lo problemático de las situaciones vividas. En Mayo de 1936, el presidente de la Agrupación Socialista, Teófilo García, celebró una reunión para hablar del desempleo en Fuente de Cantos. En respuesta a la evidente indigencia de los presentes, los niños y las mujeres que formaban parte del auditorio, los animó a ocupar una finca de los mayores terratenientes de la zona, el conde de la Corte, destinada al pastoreo de cerdos y ovejas. Los hambrientos se abalanzaron sobre los animales y los mataron como pudieron. En Quintanar de la Serena, un grupo de jornaleros entraron en una finca y mataron ovejas para alimentar a sus familias.

  La derecha consideró la intervención militar una necesidad para volver a su status anterior. El odio entre campesinos y propietarios era lo cotidiano. Muchos de los grandes terratenientes, duques, marqueses, condes, vivían en Madrid, Biarritz, París y visitaban de vez en cuando sus tierras para ir de caza y recibir a sus amigos. Aprovechaban su estancia para despreciar a sus trabajadores y se aprovechaban de las mujeres, hermanas e hijas de los obreros. Con el triunfo del Frente Popular, los trabajadores de la tierra vieron la oportunidad para cambiar las tornas.

Apéndice a DIARIOS DE LA REINA DEL OCÉANO

Badajoz: Antes, durante y después de la guerra civil: 1933-1935

El 23 de Abril de 1933, el día de las elecciones municipales, el alcalde de Zafra encabezaba una manifestación de socialistas y comunistas en Hornachos, ondeando banderas rojas y entonando cánticos revolucionarios. Los candidatos de la derecha acudieron al diputado provincial del Partido Radical, Rafael Salazar Alonso, quien telefoneó al ministro de la Gobernación. La Guardia Civil disparó contra los manifestantes, matando a 4 hombres y una mujer. Salazar Alonso llegó a ser él mismo ministro de la Gobernación y alcalde de Madrid en los dos años siguientes.

  Con Alejandro Lerroux, líder corrupto del Partido Radical, como Presidente del Gobierno, la reforma agraria quedó paralizada. A Extremadura llegó mano de obra barata desde Galicia, dejando sin trabajo a los campesinos locales. Las infracciones de la ley no se castigaron. Los nuevos gobernadores civiles nombrados por los radicales de Lerroux dejaban el orden público en manos de matones a sueldo de los terratenientes. En la provincia de Badajoz, donde la tasa de paro rondaba el 40 por ciento, casi se morían de hambre. La diputada socialista Margarita Nelken denunció con rotundidad las condiciones de los trabajadores del campo y sus familias. Sus discursos eran suspendidos por la autoridad. Su principal oponente, Salazar Alonso, insultaba a la diputada Nelken, mientras se servía de matones para apalear a sus enemigos políticos. En Zalamea, los derechistas abrieron fuego contra la casa del pueblo socialista al grito de ¡Viva el Fascio! y mataron a varios trabajadores. Nelken fue agredida a punta de pistola tras pronunciar un discurso en Aljucén. En los colegios electorales los guardias civiles obligaban a los trabajadores a cambiar sus papeletas de voto por otras previamente marcadas con el nombre de los candidatos de la derecha. El fraude fue masivo, con votos comprados, votos repetidos por simpatizantes de la derecha que llegaban en camiones abarrotados y extravío de urnas en las localidades favorables a la izquierda. El ministro de Justicia presentó su dimisión después de las elecciones en protesta por el fraude electoral, pero los terratenientes lograron restablecer las relaciones feudales que constituían la norma antes del comienzo de la República. Los terratenientes seguían contratando a los que habían votado a las derechas. En Almendralejo, a pesar del desempleo masivo, se trajeron de fuera dos mil trabajadores para la recogida de la uva y la aceituna. En Orellana y Olivenza los patronos empleaban a niños y mujeres a los que solo pagaban una parte del salario del que pagaban a los hombres.

  A los alcaldes socialistas de Zafra y Fuente de Cantos los sustituyeron por personas vinculadas a los intereses de los propietarios de tierras. El nuevo ministro de la Gobernación, Salazar Alonso, los expulsó de los ayuntamientos sin razón alguna. Ambos alcaldes eran personas queridas en sus localidades porque usaban fondos municipales para dar trabajo a los desempleados y para comprar comida con la que aliviar el hambre de las familias sin trabajo. Los dos fueron fusilados: Modesto Lorenzana, de Fuente de Cantos, en Septiembre de 1936; José González, de Zafra, en Abril de 1939.

  Los defensores de la derecha, bien vestidos, bien comidos, honraban a los gobernadores con almuerzos en su honor. La prensa estaba de su parte. Los recortes salariales y la discriminación de obra a los sindicados continuaron sin impunidad. Los jornaleros hambrientos se veían obligados a robar aceitunas y otras cosechas. Se agravaron los problemas y los odios se acrecentaron. Los campesinos mendigaban por las calles de los pueblos de Badajoz, y el raquitismo y la tuberculosis estaban a la orden del día.

  El sindicato FNTT llamó a la huelga en Junio. Sus objetivos tenían poco de revolucionarios: garantizar la mejora de las condiciones laborales en el campo; rotación en el empleo, con independencia de la afiliación política o sindical;acabar con los salarios de hambre; garantizar cuarenta días de trabajo por la limitación del uso de maquinaria; continuar con las expropiaciones previstas en la ley de Reforma Agraria...Pero Salazar Alonso declaró la huelga ilegal. Designó la cosecha como servicio público. De hecho militarizó a los jornaleros. Los que no acudieran al tajo se les consideraría culpables de rebelión. El conflicto se saldó con miles de detenciones. Las cosechas se recogieron con mano de obra barata llegada de Portugal y Galicia. La Guardia Civil impedía que las masas hambrientas robaran las cosechas. El 31 de Mayo se detuvo a los alcaldes de Olivenza y Llerena, junto a numerosos sindicalistas, maestros de escuela y abogados, que recibieron palizas.

  En la cárcel de Badajoz se hacinaron 600 presos, cuando su capacidad era para 80. Miles de campesinos fueron obligados a punta de pistola a subir en camiones para el ganado, deportados a cientos de kilómetros de sus hogares, abandonados a su suerte y obligados a regresar andando. El 4 de Julio, 200 campesinos de Badajoz que habían sido trasladados a la cárcel de Burgos llegaron a Madrid y se concentraron en la Puerta del Sol, donde fueron violentamente dispersados por la Policía. La FNTT les pagó el viaje de vuelta a casa, donde muchos fueron otra vez detenidos al llegar. Mientras tanto, las autoridades hacían oídos sordos a los ataques de cuadros falangistas a las casas del pueblo, las sedes de los sindicatos, a la adquisición de armas por parte de los grupos violentos de la derecha.

  En Julio de 1935 quedó aprobada la contrarreforma agraria. Los terratenientes podían evitar la expropiación de sus tierras usando testaferros. En Extremadura los terratenientes comenzaron a despedir a los yunteros. En Fregenal de la Sierra, un solo propietario desalojó a 20 familias. Los braceros cobraban los mismos jornales que a principios de siglo, si es que podían trabajar. El egoísmo ilimitado de los propietarios es una de las razones señaladas para el triunfo del Frente Popular en Febrero del 36 en Extremadura. A pesar de la compra del voto: los terratenientes ofrecían comida y mantas a los que votaran a la derecha; el partido derechista Acción Popular abrió comedores de beneficencia.

Apéndice a DIARIOS DE LA REINA DEL OCÉANO:

Badajoz: Antes, durante y después de la Guerra Civil: 1932

En la provincia de Badajoz se produjeron conflictos sociales que contribuyeron a acrecentar los odios. Los obreros del campo veían a la Iglesia como una organización que apoyaba a los de arriba. Esto ocasionó infinidad de incidentes. El alcalde de Fuente de Cantos impuso un impuesto de 10 pesetas por tocar las campanas los primeros cinco minutos y de 2 pesetas por cada minuto adicional. El alcalde de Fregenal de la Sierra prohibió por completo tocar las campanas y gravó con un impuesto los funerales religiosos. Se quemaron iglesias en Campanario, Casas de Don Pedro, Peñalsordo y Orellana de la Sierra. En Villafranca de los Barros, la mayoría socialista del ayuntamiento aprobó en Abril de 1932 la retirada de la estatua del Sagrado Corazón de la plaza del Altozano. La empobrecida localidad de Castilblanco los vecinos asesinaron a cuatro guardias civiles en un estallido de violencia colectiva, en venganza por la prolongada y sistemática opresión que estaban padeciendo. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, el sindicato de jornaleros socialista, había convocado una huelga de cuarenta y ocho horas en la provincia con el propósito de denunciar las infracciones de los terratenientes a la ley de reforma agraria. El 31 de Diciembre de 1931, por orden del alcalde, la Guardia Civil abrió fuego contra una manifestación de huelguistas, que se saldó con un muerto y dos heridos. Los huelguistas se enfrentaron a los cuatro guardias y los mataron a palos. Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, comparó a los trabajadores de Castilblanco con las tribus de moros contra los que había combatido en Marruecos. La prensa recogió sus palabras y se extendieron por todo el país. Las crónicas presentaron  a los vecinos de Castilblanco, y por extensión a todos los campesinos, como una raza inferior. Muchas de las descripciones de los periódicos de la derecha faltaban a la verdad cuando hablaban de que una mujer había bailado encima de los cadáveres de los guardias o cuando insistían en que los obreros del campo necesitaban un escarmiento como lo tuvieron las tribus del Rif después del desastre de Annual.

  La Guardia Civil, siempre al lado de los terratenientes, contribuyó al ambiente de violencia. Tres días después de los sucesos de Castilblanco murieron 2 personas en Zalamea de la Serena, el pueblo donde se desarrollan los hechos de El Alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. En la localidad de Salvaleón, también de la provincia de Badajoz, el día 1 de Mayo de 1932 los afiliados a la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) organizaron un baile y cantaron la Internacional a la puerta de la vivienda del alcalde socialista. El enfurecido comandante de la Guardia Civil ordenó abrir fuego y causaron la muerte de dos hombres y una mujer.

  En otoño de 1932, desesperados por la falta de trabajo y de alimentos, los yunteros pusieron en marcha una serie de invasiones de las fincas no cultivadas. Con banderas, música, en familia o en pandillas, entraban en las fincas al amanecer y empezaban a arar las tierras. El 1 de Noviembre, el Ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, legalizó de manera temporal las ocupaciones de tierras para 18.500 campesinos en Badajoz. Los ganaderos terratenientes reaccionaron con hostilidad por el decreto que les obligaba a cultivar las tierras que ellos dedicaban al pastoreo.

Badajoz: La República(1931

Apéndice a DIARIOS DE LA REINA DEL OCÉANO

Los primeros gobiernos de la República se ven obligados a un apresurado reparto de los latifundios para evitar que los campesinos hambrientos los tomen por la fuerza. Los trabajadores del campo no tienen contrato, están subempleados, en el paro. Así, la propaganda revolucionaria les atrae. La gran mayoría de trabajadores agrícolas extremeños son anarquistas. En cuanto a los aparceros, muchos estaban fuertemente endeudados con los prestamistas locales. En Mayo de 1931, el ministro de Trabajo, Largo Caballero decretó que sólo se podría expulsar a los arrendatarios si no pagaban las rentas o no cultivaban la tierra. Los terratenientes tendrían que pagar las mejoras que hubieran hecho los arrendatarios, cuando estos renunciaran al arrendamiento. También podrían conseguir una reducción en la renta si había mala cosecha o si los ingresos que daba la tierra eran menores a la renta a pagar. Introdujo la jornada de ocho horas y se permitirían las horas extras pagadas. Se crearon unos jurados  de arbitraje, formados por terratenientes y campesinos, que decidirían las disputas laborales y salariales; los propietarios tenían que ofrece trabajo  a los habitantes de la población antes de hacer oferta a forasteros. Parecía que la ley favorecía por fin a los más pobres. Los salarios se doblaron. Era el comienzo de la reforma agraria que tanto tiempo estaban esperando.

  En Marzo de 1932, el nuevo ministro de Agricultura, presentó un plan para la reforma del campo: se empezarían a expropiar tierras, indemnizando a los propietarios, excepto en el caso de las tierras de los grandes nobles u otros que se habían apropiado de sus fincas en el siglo XIX, al acotar como fincas privadas lo que antes era suyo meramente a título administrativo, según acuerdos feudales abolidos en 1811. Los trabajadore sin tierra serían los primeros en la lista de los que desearan asentarse en la nueva tierra, pero no podrían vender, hipotecar o arrendar la tierra que recibieran: el Estado sería el nuevo propietario. Se creó un Instituto de Reforma Agraria para fomentar la enseñanza técnica, la inversión y el regadío.

  La fincas expropiadas serían: las que fueron compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir una renta; las que constituyeron señoríos jurisdiccionales y que se hayan transmitido hasta llegar a sus actuales dueños por herencia, legado o donación; las incultas o manifiestamente mal cultivadas; las que debiendo haber sido regadas por existir embalse y establecer la ley la obligación del riego no lo hayan sido aún; las explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento a renta fija, en dinero o en especie, durante doce años o más; las propiedades  que en cada término municipal excedan las cifras que señalen las juntas Provinciales, que han de estar comprendidas dentro estos límites: en secano las tierras dedicadas al cultivo herbáceo en alternativa, de 300 a 600 Has.; los olivares asociados o no a otros cultivos, de 150 a 300 Has.; las tierras dedicadas al cultivo de la vid, de 100 a 150 Has.; las tierras con árboles o arbustos frutales en plantación regular de 100 a 200 Has.;las dehesas de pasto y labor, con arbolado o sin él, de 400 a 750 Has.

  La ley se aprobó en Septiembre de 1932. Pero no hubo ninguna urgencia en ponerla en práctica. En Extremadura se intentó acelerar el proceso con el Decreto de Intensificación de Cultivos de Octubre de 1932, que permitía la ocupación de fincas que habían dejado de ser arrendadas y se dedicaban sólo al pastoreo. Esta medida dio trabajo a unas cuarenta mil familias cuyos miembros estaban en paro y no tenían ninguna posesión. Pero había cientos de miles en esta situación. Las esperanzas de los campesinos se vieron frustradas. Podría haberse hecho más para reducir la miseria de la vida agrícola. Los gobiernos de la derecha del bienio negro cortaron cualquier resquicio para el cambio.

  La reacción de los terratenientes a la reforma fue uno de los factores que fomentaron la violencia entre los dos bandos tan distantes. En los latifundios extremeños, como en la mayoría de toda España, se desobedecieron las leyes agrarias por sistema. Los jornaleros afiliados a sindicatos socialistas o anarquistas se encontraron con un cierre patronal o la tierra se dejaba sin cultivar. Se les negaba el trabajo al grito de ¡comed República! Los braceros trabajaban de sol a sol sin recibir el salario por las horas extra. Los campesinos hambrientos que cogían las bellotas o las aceitunas del suelo para alimentarse eran brutalmente apaleados por la Guardia Civil o los guardias armados de las fincas.

Badajoz: La República(1931-32)

Los primeros gobiernos de la República se ven obligados a un apresurado reparto de los latifundios para evitar que los campesinos hambrientos los tomen por la fuerza. Los trabajadores del campo no tienen contrato, están subempleados, en el paro. Así, la propaganda revolucionaria les atrae. La gran mayoría de trabajadores agrícolas extremeños son anarquistas. En cuanto a los aparceros, muchos estaban fuertemente endeudados con los prestamistas locales. En Mayo de 1931, el ministro de Trabajo, Largo Caballero decretó que sólo se podría expulsar a los arrendatarios si no pagaban las rentas o no cultivaban la tierra. Los terratenientes tendrían que pagar las mejoras que hubieran hecho los arrendatarios, cuando estos renunciaran al arrendamiento. También podrían conseguir una reducción en la renta si había mala cosecha o si los ingresos que daba la tierra eran menores a la renta a pagar. Introdujo la jornada de ocho horas y se permitirían las horas extras pagadas. Se crearon unos jurados  de arbitraje, formados por terratenientes y campesinos, que decidirían las disputas laborales y salariales; los propietarios tenían que ofrece trabajo  a los habitantes de la población antes de hacer oferta a forasteros. Parecía que la ley favorecía por fin a los más pobres. Los salarios se doblaron. Era el comienzo de la reforma agraria que tanto tiempo estaban esperando.

  En Marzo de 1932, el nuevo ministro de Agricultura, presentó un plan para la reforma del campo: se empezarían a expropiar tierras, indemnizando a los propietarios, excepto en el caso de las tierras de los grandes nobles u otros que se habían apropiado de sus fincas en el siglo XIX, al acotar como fincas privadas lo que antes era suyo meramente a título administrativo, según acuerdos feudales abolidos en 1811. Los trabajadore sin tierra serían los primeros en la lista de los que desearan asentarse en la nueva tierra, pero no podrían vender, hipotecar o arrendar la tierra que recibieran: el Estado sería el nuevo propietario. Se creó un Instituto de Reforma Agraria para fomentar la enseñanza técnica, la inversión y el regadío.

  La fincas expropiadas serían: las que fueron compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir una renta; las que constituyeron señoríos jurisdiccionales y que se hayan transmitido hasta llegar a sus actuales dueños por herencia, legado o donación; las incultas o manifiestamente mal cultivadas; las que debiendo haber sido regadas por existir embalse y establecer la ley la obligación del riego no lo hayan sido aún; las explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento a renta fija, en dinero o en especie, durante doce años o más; las propiedades  que en cada término municipal excedan las cifras que señalen las juntas Provinciales, que han de estar comprendidas dentro estos límites: en secano las tierras dedicadas al cultivo herbáceo en alternativa, de 300 a 600 Has.; los olivares asociados o no a otros cultivos, de 150 a 300 Has.; las tierras dedicadas al cultivo de la vid, de 100 a 150 Has.; las tierras con árboles o arbustos frutales en plantación regular de 100 a 200 Has.;las dehesas de pasto y labor, con arbolado o sin él, de 400 a 750 Has.

  La ley se aprobó en Septiembre de 1932. Pero no hubo ninguna urgencia en ponerla en práctica. En Extremadura se intentó acelerar el proceso con el Decreto de Intensificación de Cultivos de Octubre de 1932, que permitía la ocupación de fincas que habían dejado de ser arrendadas y se dedicaban sólo al pastoreo. Esta medida dio trabajo a unas cuarenta mil familias cuyos miembros estaban en paro y no tenían ninguna posesión. Pero había cientos de miles en esta situación. Las esperanzas de los campesinos se vieron frustradas. Podría haberse hecho más para reducir la miseria de la vida agrícola. Los gobiernos de la derecha del bienio negro cortaron cualquier resquicio para el cambio.

  La reacción de los terratenientes a la reforma fue uno de los factores que fomentaron la violencia entre los dos bandos tan distantes. En los latifundios extremeños, como en la mayoría de toda España, se desobedecieron las leyes agrarias por sistema. Los jornaleros afiliados a sindicatos socialistas o anarquistas se encontraron con un cierre patronal o la tierra se dejaba sin cultivar. Se les negaba el trabajo al grito de ¡comed República! Los braceros trabajaban de sol a sol sin recibir el salario por las horas extra. Los campesinos hambrientos que cogían las bellotas o las aceitunas del suelo para alimentarse eran brutalmente apaleados por la Guardia Civil o los guardias armados de las fincas.